Montajes

El gobierno está cada día en una posición más frágil, su proyecto aparece cada vez más puesto en entredicho. No siendo suficiente el hecho de que los candidatos presidenciales ya estén acaparando pantalla -y, con ello, obligando a esfuerzo reiterados por controlar la agenda institucional-, la noticia del viernes sobre el "caso bombas" deja en evidencia la debilidad no sólo de la coalición gobernante, sino de la clase política en general. 

No soy muy dado a sumarme a las campañas de defensa y reivindicación de "presxs anti-autoritarixs", y aunque lo del "caso bombas" era a todas luces un montaje, nunca me sentí demasiado entusiasta por la causa. Las acusaciones de conspiracionismo son moneda común en la izquierda más radicalizada, al punto que nunca se puede ser demasiado escéptico con algunas historias bien disparatadas. En todo caso, parece existir una demanda moral muy maniquea a ratos de solidarizar con cuanta persona cae presa, borrando siempre las particularidades de lxs compañerxs, sin preguntar por qué tipo de política se está haciendo ahí; el apoyo debe ser irrestricto, y cualquier ajuste interno de cuentas queda siempre pendiente. 

La situación ahora es bien otra. A la prensa no le ha quedado otra que transferir las responsabilidades a un gobierno imprudente y a un fiscal desbocado (ambas cosas reales, qué duda cabe) que armaron un asunto poco creíble para cumplir e instalar una agenda de "orden y seguiridad". Obviamente su pripia responsabilidad queda elidida. Sin embargo, y sin quererlo, esta arremetida puede llegar a ser útil en deslegitimar aún más al bloque dominante, aun a riesgo de 'moralizar' la lucha. Sí, lo del "caso bombas" es ante todo una injusticia demasiado brutal, que no puede sino provocar un rechazo odioso a quienes se desvelan por instalar un estado de excepción. Pero no basta con señalar lo injusto e indignante del caso, porque esto probablemente se volverá a repetir si es que se le da al Estado la oportunidad. 

A la larga (y a la corta también) todo esto obliga a que nos preguntemos si queremos un sociedad como la que tenemos hoy, en la cual un grupo de personas se cree con la facultad de arrogarse la representación del todo social y perseguri a como dé lugar a quienes percibe como peligrosxs, sean anarquistas, trabajadorxs, estudiantes, mapuche, &c. Y si esa es la sociedad que no queremos, no basta con "dejar que las instituciones funcionen", no basta con las leyes, no basta con defender a todx aquel que pone una bomba en un cajero automático, no basta con dar respuestas parche al problema de la violencia social y política, no basta con cambiar a la coalición. A la larga y a la corta, cosas como el "caso bombas" obligan a reposicionar la pregunta por el carácter del Estado y por las condiciones de la vida en común, obligan a pensar en cómo hacer para que el poder (sea que se ejerza o que se posea, lo mismo da para estos efectos) no termine sirviendo para hacer caer a unxs presxs en las arbitrariedades de otrxs.