Andan diciendo por ahí que el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Pareja, el mentado AVP. Caras felices y celebraciones por este "primer paso histórico". Y, sin embargo, de lo que no se habla es del feroz disparo en el pie que significa este "pasito" vis-à-vis la demanda por matrimonio igualitario. Porque, como era de esperarse, la estrategia gradualista de reformas legales que han adoptado las agrupaciones LGBT hegemónicas (Movilh, =Iguales, parcialmente MUMS, entre otras) no es otra cosa que una incapacidad para leer el escenario político en que nos encontramos, lo mismo que la propia historia del movimiento LGBT de los últimos veinticinco años.
De lo primero, creo, todxs podríamos opinar. ¿No resulta acaso extraño que se apueste de forma tan vigorosa por la vía legistalitva, justo en un momento histórico en el cual los movimientos sociales con mayor capacidad de cambio han evidenciado las limitaciones del Congreso a la hora de responder a las demandas? Parece irrisorio, además, que se busque un empuje justo en la última hora de un gobierno de derecha, con lo que se produce el paradojal efecto de prestarle ropa al sector que con más tozudez se oponen a cualquier cambio en la ley. En ese sentido, el apoyo masivo real de las agrupaciones LGBT es un chiste; si ya es cuestionable que el movimiento estudiantil o el sindicalismo, tal como existen, pongan en riesgo serio la gobernabilidad del país, la capacidad de movilización de =Iguales y el Movilh con suerte se reduce a tres hitos del año con un carácter meramente festivo. Es, en definitiva, absurdo que, mientras un grupo amplio -a la vez que heterogéneo- de actores sociales empuja para un lado, el movimiento por la diversidad sexual tome el camino contrario. Pensar que el AVP es una primera piedra en el camino hacia el matrimonio igualitario es como seguir creyendo que el arancel diferenciado es un primer paso hacia la gratuidad.
Que lo anterior tiene que ver con una forma de entender la política en estas agrupaciones debiera saltar a la vista. De lo que se trata es de la pureza: no contaminar las dos o tres demandas y menos aún -¡horror de horrores!- darle una proyección social mayor. Si el argumento -uno de los favoritos de la derecha y de la izquierda machista- de que estos no son temas prioritarios para el país tiene algún eco, ello se debe a que no ha habido inteligencia política en vincular la opresión genérico-sexual a un conjunto mayor. Significa un riesgo para las actuales cúpulas LGBT, que se pelean una parcela mísera de poder como los mejores escalonistas o girardistas, sin preocupación por lo que se agita en la calle y más allá de ella. Entraña la posibilidad de perder la capacidad de hablar por, de administrar la palabra de un conjunto fantasma de personas. En Chile, nadie cede poder así sin más.
Y, dentro del tráfago celebratorio, queda en el fondo del cajón una demanda legal que sí es urgente y que sí requiere de una movilización social de masas: la Ley de Identidad de Género (LIG). A pesar de que la historia reciente ha mostrado que tras cada conquista legal viene un repliegue fuerte (y bien feo) para las agrupaciones LGBT, se ha apostado por esta bolsa de challa en vez de apuntar a un instrumento legal que sí le otorgue una dignidad mínimamente aceptable a las personas trans. Si el AVP sigue su curso, ello puede significar que se postponga la discusión sobre matrimonio por cuatro años más, y quién sabe cuánto le quede a la LIG. De ahí que sea una responsabilidad de nosotrxs, lxs feministas, el empujar una agenda política con algo más de sensatez y criterio de las necesidades reales de lxs oprimidxs. Ello requiere de un trabajo fuerte, sostenido y cuesta arriba, pero que es hoy más auspicioso que antes, no obstante los tumbos y desaciertos cupulares. No importa que Rolandito se pierda, una vez más, en el espejismo del Congreso dadivoso y progre, siempre y cuando mantengamos el trabajo de articulación y construcción política, ese que no se reduce al acarreo de militantes, sino a la creación de sentido común, de solidaridad, de tejido organizativo autónomo, de capacidad de reflexión, de solidaridad multisectorial. Que los Larraínes se vayan a casar o a avepear, lo mismo da: ellos no son imprescindibles para la transformación profunda y radical que anhelamos y necesitamos.
De lo primero, creo, todxs podríamos opinar. ¿No resulta acaso extraño que se apueste de forma tan vigorosa por la vía legistalitva, justo en un momento histórico en el cual los movimientos sociales con mayor capacidad de cambio han evidenciado las limitaciones del Congreso a la hora de responder a las demandas? Parece irrisorio, además, que se busque un empuje justo en la última hora de un gobierno de derecha, con lo que se produce el paradojal efecto de prestarle ropa al sector que con más tozudez se oponen a cualquier cambio en la ley. En ese sentido, el apoyo masivo real de las agrupaciones LGBT es un chiste; si ya es cuestionable que el movimiento estudiantil o el sindicalismo, tal como existen, pongan en riesgo serio la gobernabilidad del país, la capacidad de movilización de =Iguales y el Movilh con suerte se reduce a tres hitos del año con un carácter meramente festivo. Es, en definitiva, absurdo que, mientras un grupo amplio -a la vez que heterogéneo- de actores sociales empuja para un lado, el movimiento por la diversidad sexual tome el camino contrario. Pensar que el AVP es una primera piedra en el camino hacia el matrimonio igualitario es como seguir creyendo que el arancel diferenciado es un primer paso hacia la gratuidad.
Que lo anterior tiene que ver con una forma de entender la política en estas agrupaciones debiera saltar a la vista. De lo que se trata es de la pureza: no contaminar las dos o tres demandas y menos aún -¡horror de horrores!- darle una proyección social mayor. Si el argumento -uno de los favoritos de la derecha y de la izquierda machista- de que estos no son temas prioritarios para el país tiene algún eco, ello se debe a que no ha habido inteligencia política en vincular la opresión genérico-sexual a un conjunto mayor. Significa un riesgo para las actuales cúpulas LGBT, que se pelean una parcela mísera de poder como los mejores escalonistas o girardistas, sin preocupación por lo que se agita en la calle y más allá de ella. Entraña la posibilidad de perder la capacidad de hablar por, de administrar la palabra de un conjunto fantasma de personas. En Chile, nadie cede poder así sin más.
Y, dentro del tráfago celebratorio, queda en el fondo del cajón una demanda legal que sí es urgente y que sí requiere de una movilización social de masas: la Ley de Identidad de Género (LIG). A pesar de que la historia reciente ha mostrado que tras cada conquista legal viene un repliegue fuerte (y bien feo) para las agrupaciones LGBT, se ha apostado por esta bolsa de challa en vez de apuntar a un instrumento legal que sí le otorgue una dignidad mínimamente aceptable a las personas trans. Si el AVP sigue su curso, ello puede significar que se postponga la discusión sobre matrimonio por cuatro años más, y quién sabe cuánto le quede a la LIG. De ahí que sea una responsabilidad de nosotrxs, lxs feministas, el empujar una agenda política con algo más de sensatez y criterio de las necesidades reales de lxs oprimidxs. Ello requiere de un trabajo fuerte, sostenido y cuesta arriba, pero que es hoy más auspicioso que antes, no obstante los tumbos y desaciertos cupulares. No importa que Rolandito se pierda, una vez más, en el espejismo del Congreso dadivoso y progre, siempre y cuando mantengamos el trabajo de articulación y construcción política, ese que no se reduce al acarreo de militantes, sino a la creación de sentido común, de solidaridad, de tejido organizativo autónomo, de capacidad de reflexión, de solidaridad multisectorial. Que los Larraínes se vayan a casar o a avepear, lo mismo da: ellos no son imprescindibles para la transformación profunda y radical que anhelamos y necesitamos.
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